COMUNICADO

11:31, 13 de febrero de 2019

En primer lugar, aclarar las declaraciones publicadas en prensa el día 8 de febrero de 2019.

 La  Federación de Asociaciones de Madres y Padres de la Enseñanza Pública del Principado de Asturias Miguel Virgós, ESTA TOTALMENTE DE ACUERDO con que los centros públicos, concertados y privados, o cualquier centro de enseñanza, “puedan sancionar a los niños y niñas que graben sin consentimiento, imágenes o audios de profesores y compañeros”.

 Aclarar, que a lo que la Federación SE OPONE FRONTALMENTE, es al castigo con expulsión a los hogares, ya que para corregir estas conductas se deberán tomar otras medidas, como disponer de espacios específicos para gestionar el castigo que recoge la norma, pero no trasladarlo a los hogares. 

 A la vista de las últimas noticias publicadas con respecto a la primera modificación del decreto 249/2007 de 26 de Septiembre, que regula los Derechos y Deberes del Alumnado y Normas de Convivencia, la Federación de Asociaciones de Madres y Padres de la Enseñanza Pública del Principado de Asturias Miguel Virgós,

 E  X  P  O  N  E

 Que el objetivo prioritario de la Administración Educativa, debe de ser la protección del alumnado, que mayoritariamente es menor de edad, y está en custodia.

 Que en el Decreto se habla de convivencia, derechos y deberes del alumnado, abundando de forma, entendemos desproporcionada, de la autoridad del profesorado.

 Que esta regulación fue concebida para resolver la situación de actos de comportamientos inadecuados en los centros, especialmente los planteados como graves, que con la autoridad que se otorga al profesorado, así como la presunción de veracidad, deja a nuestros menores en peligro de ser sancionados, con muy poca o ninguna defensa.

 Que, añadido a lo anterior, la situación de inaccesibilidad al conocimiento del funcionamiento de muchos centros por parte de las familias, deja muy poco margen de maniobra para la defensión de los alumnos, que insistimos, mayoritariamente son menores, y están en custodia.

 Que se debe de promover que la información y formación llegue a toda la comunidad educativa, con esfuerzo extraordinario para que las familias se informen, pues la mayoría están formadas en sectores y ámbitos muy diferentes al de la docencia.

 Que desde las instituciones de educación se debe de proteger al alumnado, el texto tiene que ser exquisito para con la protección de este, y con el resto de la comunidad educativa, tener un trato igualitario.

 Que, desde la Federación, se han presentado 20 enmiendas al texto en el Consejo Escolar del Principado de Asturias, así como observaciones al mismo ante el Servicio de Régimen Jurídico y Normativa de la Consejería de Educación y Cultura, con las alegaciones y aportaciones oportunas, en la línea de la anterior exposición y con las siguientes:

 C  O  N  C L  U  S  I  O  N  E  S

 Nuestra Federación considera este texto de modificación de decreto, desequilibrado, discriminador y no coherente en muchos aspectos, donde se reconoce por un lado el respeto mutuo y los derechos de todos los miembros de la comunidad educativa, cuando prácticamente la totalidad del mismo regula las innumerablemente nombradas “actuaciones contrarias al profesorado” y sus consecuencias dejando los derechos del alumnado en “presuntos derechos”.

 

Desde FAPA, estamos absolutamente en desacuerdo que se refundan los dos documentos, el Decreto 249/2007 de 26 de septiembre de Derechos y Deberes del Alumnado y Normas de Convivencia con la Ley 3/2013, de 28 de junio de medidas de autoridad del profesorado, entendemos que estos en ningún caso deben de ir en el mismo texto normativo.

 

 

Clara Díaz Alonso

Presidenta de la F.A.P.A. Miguel Virgós

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